Comentario

La causa realista había hecho notables progresos en Cataluña, donde se habían dado gritos favorables a Carlos V en poblaciones como Tortosa, Tarragona, Vich y Reus. El descontento social y el malestar creado por la presencia de las tropas francesas de ocupación en aquella región estaban entre las causas de esa actitud. Entre los meses de marzo y abril, y aprovechando la concentración de tropas en la frontera portuguesa, se produjeron varios intentos de los realistas exaltados por ocupar diversas plazas en nombre del pretendiente Don Carlos. Sin embargo, la población, que a juicio de J. Torrás no estaba aún suficientemente preparada para sublevarse contra su rey legítimo, no secundó esta llamada. Tanto más cuanto que los exaltados llegaron a enarbolar banderas en las que aparecía el rey Fernando colgado de los pies cabeza abajo, lo que pareció a muchos una iniciativa demasiado audaz.
En el mes de julio de 1827, el movimiento alcanzó una mayor envergadura ya que se incorporaron a él los descontentos sociales provocados entre el campesinado a causa de su difícil situación. Por otra parte, la insurrección también pudo contar con los jefes militares realistas descontentos por haber sido relegados a una situación de ilimitados -o cesantes- y con unas pagas reducidas que ni siquiera les llegaban. Se sumaron también los voluntarios realistas, instigados por sus superiores que se habían mostrado siempre contrarios a los derroteros que tomaba el régimen. Se organizaron unas juntas locales bajo la autoridad de una Junta superior provisional con sede en Manresa y de la que formaban parte algunos civiles y otros tantos religiosos.

El gobierno de Fernando VII tardó en reaccionar a causa de su preocupación por los asuntos portugueses, y eso permitió que la revuelta se extendiese durante el verano por Manresa, Vich y Cervera. A comienzos de septiembre, el gobierno se decidió a intervenir, descartando cualquier tipo de ayuda extranjera para evitar así caer en la dependencia del exterior y que fuera de nuevo otro país el que sofocara los problemas surgidos en el interior de España. El gobierno pidió al rey que lo dispensara de pasar este asunto por el Consejo de Estado para darle mayor agilidad a sus decisiones y Fernando VII accedió a su deseo, decantándose así claramente en el pleito que sostenían ambos Consejos (el de Ministros y el de Estado) desde hacía algún tiempo. Se adoptaron dos medidas importantes: en primer lugar la reunión de un contingente de tropas al mando del conde de España para hacer frente a los insurrectos; en segundo lugar, la visita del rey Fernando al Principado para disipar toda duda acerca de su supuesta falta de libertad.

El conde de España fue nombrado Capitán General de Cataluña el 9 de septiembre, y cinco días más tarde salió de Madrid con un ejército de 20.000 hombres, al que se le unirían más tarde otras fuerzas provinientes del ejército del Tajo. En Daroca estableció su cuartel general para controlar desde allí otras zonas a donde podría extenderse la revuelta.

Por su parte, el rey partió el 22 de noviembre y llegó a Tarragona seis días más tarde. Allí pronunció una alocución en la que, después de desmentir su supuesta falta de libertad y el peligro que corrían la religión y el trono, exhortó a los sublevados a que abandonasen las armas y que regresasen a sus hogares. Si así lo hacían, no se les molestaría y sólo los cabecillas serían puestos a disposición de su soberana voluntad. En caso contrario, todos sufrirían el castigo.

Tanto el envío de un ejército como la presencia del rey tuvieron un efecto inmediato sobre los sublevados. La jerarquía eclesiástica del Principado animó a los fieles a deponer las armas y a restablecer el orden, aunque la iniciativa de la rebelión había contado con el apoyo del sector más conservador de la Iglesia catalana. Esta actitud motivó la repulsa de algunos de los agraviados, como fue el caso de uno de sus jefes Narciso Abrés Pixola, pero la revuelta fue cediendo terreno y en menos de un mes toda Cataluña se encontró aparentemente pacificada. Sólo los cabecillas fueron castigados. No obstante, las intrigas continuaron y así lo ponían de manifiesto los oficiales de las tropas francesas que permanecían en aquella región, los cuales informaban a su gobierno que el descontento no había desaparecido y que podían volver a surgir nuevas convulsiones.

En realidad, las causas de la revuelta de los agraviados nunca han sido del todo aclaradas. Aunque los gritos de ¡Viva Carlos V! estaban en la boca de muchos sublevados, no ha podido probarse documentalmente que el hermano de Fernando VII ni las sociedades secretas realistas fuesen los instigadores del levantamiento. Lo que sí parece claro es que los participantes en él, alrededor de 7.000, eran campesinos humildes y gente sencilla que se quejaba de los abusos de la administración y de las arbitrariedades de la Hacienda. La denuncia de una administración en manos de masones y de negros (liberales) era frecuente en las filas de los agraviados. Este malestar fue aprovechado por los elementos más exaltados del realismo para intentar la rebelión.

La reducción del problema de los agraviados abrió un periodo en el que el régimen pareció alcanzar un cierto equilibrio y en el que se emprendieron algunas reformas importantes. Una de las más destacadas fue la que llevó a cabo por Sáinz de Andino, antiguo afrancesado, para elaborar un Código de Comercio, que fue aprobado en octubre de 1829. También en ese mismo año se creó el cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, con el objeto de frenar el escandaloso contrabando que se llevaba a cabo desde las fronteras de Francia y Portugal y especialmente desde la colonia inglesa de Gibraltar. Precisamente para combatir este comercio fraudulento y para atender las reclamaciones de Cádiz, cuyo puerto había disminuido considerablemente su tráfico marítimo con América como consecuencia de la emancipación de las colonias españolas en aquel continente, se concedió a aquella ciudad el privilegio de un puerto franco. La concesión duró, no obstante, poco tiempo y en septiembre de 1831 fue suprimida la franquicia. El proyecto de creación del Banco de San Fernando y la Ley orgánica de la Bolsa fueron otras realizaciones de estos años que hay que atribuir a la diligencia de Sáinz de Andino, y a la labor reformista de los elementos moderados que formaron parte del gobierno de Fernando VII.